Una de las muchas muestras de la codicia y falta de compasión de las autoridades madrileñas:

La decisión que tomó la Comunidad de Madrid de no contratar a integradores sociales, enfermeros, fisioterapeutas y técnicos que ya venían trabajando en los colegios con aulas de integración de niños con Trastornos Generalizados del Desarrollo no parece tener vuelta atrás. A pesar de las concentraciones en las aceras de los edificios públicos. A pesar de las 97.000 firmas recogidas vía Change.org por una madre preocupada por cómo afectará a las «necesidades de apoyo intensivo, personalizado y continuado» que presentan estos niños. La intención de los socialistas madrileños de llevar este asunto a los tribunales tampoco pesa, ni las denuncias individuales que van a interponer los cientos de técnicos de apoyo relegados. Ni tan siquiera «el fraude de ley» que Marisol Panadero, integradora y afectada por esta decisión, plantea como subyacente en estas contrataciones.

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