Una perla:

El fin de la impunidad llega, sin embargo, por la parte más débil del régimen. Al contrario del proceso judicial que juzgó la dictadura argentina, las órdenes de detención dictadas por la jueza que instruye la causa contra los crímenes de la dictadura franquista afectan solamente a cuatro de los torturadores del régimen y a ningún alto cargo político. «Es el camino más sencillo. Contra estas cuatro personas había muchos más testimonios y pruebas», ha añadido la abogada Ana Messuti. Los querellantes habían solicitado también la detención, entre otros, de tres exministros de la dictadura: Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria y José Utrera Molina (suegro de Gallardón), por firmar la condena a muerte de Puig Antich; y de Fernando Suárez, exministro de Trabajo.

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