De la Plataforma Andaluza de Apoyo a la Querella Argentina:

Queridos jueces argentinos:

Con la orden de detención internacional dictada desde vuestra tierra contra cuatro torturadores del franquismo se inicia, a nuestro entender, la verdadera transición democrática de este país marcado a sangre y fuego por el genocidio fascista.

Una sociedad que niega, que cierra los ojos ante una larga etapa de 40 años durante los cuales se cometieron toda clase de torturas, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, no es una sociedad sana ni puede constituirse realmente en un estado de derecho. Era necesario el reconocimiento político y judicial de tales atrocidades, hacer justicia en la medida de lo posible, aunque ya muchos de los criminales estén muertos.

Los españoles de mi edad nos acordamos de sus fechorías. La jueza argentina lo tiene en la lista.

La jueza argentina que instruye la causa contra crímenes del franquismo, María Servini de Cubría, ha decretado una orden internacional de detención preventiva para su extradición contra cuatro agentes de la seguridad del Estado acusados de torturas durante la dictadura. Se trata del exescolta de Francisco Franco y de la Casa Real española Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González, el exinspector José Antonio González Pacheco, apodado «Billy El Niño» y el exagente de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar.

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¿Para procesar a los suyos? ¡Pero qué dicen!

Una jueza argentina ha puesto una difícil decisión sobre la mesa del Consejo de Ministros de Rajoy. María Servini de Cubría instruye en Argentina la causa contra los crímenes del franquismo y acaba de conseguir que Interpol dicte una orden de detención internacional contra cuatro presuntos torturadores durante la dictadura. La legislación española impide, en principio, la extradición de ciudadanos españoles pero en el caso de Argentina media un tratado entre ambos países que podría permitir la entrega. Las decisiones más importantes para que eso suceda o no deberá tomarlas el consejo de ministros que preside Mariano Rajoy.

Según fuentes del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros deberá estudiar la extradición, si previamente se procede a la detención de las personas señalas por Interpol. Si el Gobierno decide facilitar su tramitación, deberá pasarle el caso a la Audiencia Nacional para que delibere sobre las razones a favor y en contra de la entrega. Si la Audiencia Nacional dice no, el caso se cierra. En caso de que la Audiencia vea razones para autorizar la entrega, el Gobierno tendrá la útima palabra y todavía margen para denegar la extradición.

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